Pasaporte covid en la Comunidad Valenciana: los antecedentes judiciales a la propuesta de la Generalitat

La Generalitat Valenciana ha reabierto esta semana el debate sobre la implantación del pasaporte covid en espacios públicos para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente al coronavirus.

El presidente autonómico Ximo Puig, contrario hace unos meses a poner en marcha esta herramienta hasta que toda la población no pudiera acceder a la vacuna, ha abogado por empezar un diálogo con los sectores económicos para «ver dónde se puede implantar y en qué condiciones», ahora que casi el 90% de los valencianos mayores de 12 años tienen la pauta completa.

«Es una solución para abrir más rápido y con menores restricciones» que se utiliza en muchos países europeos, señalaba Puig hace unos días, a la espera de conocer si la Mesa Interdepartamental del próximo lunes -tras la que se anunciará una flexibilización de las restricciones con nuevos horarios para la hostelería y el ocio y una ampliación de los aforos- aborda esta cuestión.

Un asunto «complicado», según la vicepresidenta Mónica Oltra, porque choca con la legislación actual. Oltra puso el foco en que, aunque haya «consenso», el certificado no se podrá utilizar para todas las actividades, sino para aquellas que sean multitudinarias, en las que no se pueda guardar la distancia de seguridad, como los grandes festivales de música.

De hecho, desde el sector, con miles de entradas vendidas desde 2020 para eventos reprogramados incluso durante este otoño, ven el certificado como un salvavidas que permitiría dejar atrás el formato de butacas preasignadas y posibilitaría al público estar de pie en los conciertos.

Sin embargo, los antecedentes que deja la imposición de esta medida en otras comunidades autonómas no dan mucho margen de actuación al Ejecutivo valenciano.

Seis intentos fallidos en España

Los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Canarias, Cantabria y Galicia tumbaron los intentos de sus respectivos gobiernos de obligar a los clientes de bares y discotecas a acreditar que habían recibido alguna dosis de la vacuna o tenían una prueba diagnóstica negativa para poder acceder a estos establecimientos. Los mismo ocurrió en Melilla, donde se quiso exigir el documento en eventos deportivos y culturales o para entraren la propia ciudad.

En el caso de Andalucía, además, el Tribunal Supremo (TS) ratificó la decisión del TSJ andaluz al considerar que no se había justificado su implantación y que esta no era proporcional, puesto que no se acotaba a un periodo temporal o a un territorio concreto. Ejemplo contrario al de Galicia, donde el Supremo sí ratificó el cribado para acceder a la hostelería y el ocio nocturno, pero solo en zonas con elevado riesgo de contagio y de forma temporal.

En esa sentencia, los magistrados del alto tribunal establecieron que la exigencia de exhibir el pasaporte covid debe someterse a autorización o ratificación judicial ya que puede afectar a los derechos fundamentales a la igualdad, a la intimidad y a la protección de datos de la persona.

No obstante, el caso más cercano al valenciano es el de las Islas Baleares. El Ejecutivo de Francina Armengol quiso exigir este certificado europeo en eventos, públicos o privados, con entre 500 y 1.000 personas en espacios cerrados y entre 2.500 y 5.000 al aire libre.

Unos criterios que el TSJ balear consideró arbitrarios y desproporcionados porque, a su juicio, perseguían «obligar a la ciudadanía a vacunarse más que una finalidad preventiva sanitaria», en un contexto en el que, añadía, tanto la separación como el uso de las mascarillas sería suficiente. «Quien tiene la pauta completa de vacunación no está exento de poderse contagiar o estar contagiado e incluso transmitir la enfermedad», sentenció.